(EDITORIAL JUNIO) El rol del coordinador pro bono

De conformidad con los resultados reportados por la Fundación ProBono[1], en el año 2016 fueron ingresados 727 solicitudes de asesoría jurídica, de los cuales 249 fueron asignados entre sus firmas de abogados miembros y demás entidades; 161 fueron descartados; 74 fueron cerrados y 40 fueron desistidos.

Cifras como las expuestas anteriormente evidencian la alta demanda de asesoría legal que tienen los sectores vulnerables de nuestra población en diferentes áreas del derecho, siendo las más destacables el derecho de familia, civil, penal y seguridad social. En este contexto, el papel de las firmas de abogados y entidades adscritas a la Fundación ProBono cobra una vital importancia y, especialmente, la figura de los coordinadores pro bono en su calidad de actores principales dentro de dichas organizaciones.

Como en cualquier estructura organizada de trabajo, la distribución y especialidad de tareas es esencial para brindar altos estándares de calidad y eficiencia en el trabajo. En este sentido, es recomendable que todas las entidades interesadas en mejorar sus políticas de trabajo pro bono tengan dentro de su estructura la figura de un coordinador pro bono, entendido como aquella persona encargada de liderar y supervisar el desarrollo del trabajo pro bono y de impulsar nuevos proyectos dentro de las organizaciones y entidades.

Dentro de las diversas funciones que deben desarrollar en el día a día los coordinadores pro bono, se encuentran incluidas tanto labores administrativas de toma de casos como de seguimiento, no obstante, su labor primordial se encuentra enfocada en la motivación de los demás abogados o miembros de su organización y la adopción de políticas de trabajo pro bono encaminadas a mejorar los resultados de cada entidad año tras año.

Es necesario señalar que cada entidad o firma cuenta con contextos diferentes que no permiten generar una política generalizada de trabajo pro bono. Por ello, es necesario que cada uno de los coordinadores analice el entorno y especialidades de cada uno de los abogados o integrantes de las entidades de forma que pueda desarrollar una política que responda a dichas particularidades.

Las políticas de trabajo pueden girar en torno a la adopción de cierta clase de casos, capacitaciones de sus abogados en relación con áreas del derecho de primera necesidad para los sectores más vulnerables, tiempos de respuesta a los clientes, entre otros. En todo caso, el objetivo de las políticas debe ser la adopción de una estructura organizada de trabajo que permita alcanzar a corto plazo logros importantes en materia de trabajo y responsabilidad social.

Cada día existen más posibilidades de trabajo pro bono que pueden ser explotadas por los coordinadores; a título de ejemplo, puedo mencionar los nuevos desarrollos que se están dando en materia de arbitraje social.

El pasado 14 de junio, se realizó una tertulia en la Cámara de Comercio de Bogotá relacionada con las perspectivas del arbitraje social y sus posibles impactos en la congestión del sistema judicial colombiano[2]. Dentro de dicha tertulia, reconocidos abogados como el Dr. Hernán Fabio López, resaltaron la importancia de la responsabilidad social que debe irradiar y las nuevas opciones que se abren para los árbitros jóvenes.

En este sentido, es esencial la labor que deben desarrollar los coordinadores para poder adoptar las políticas internas de cada una de sus entidades a estas nuevas corrientes. Nuevamente, son ellos los llamados a impulsar y desarrollar nuevas ideas dentro de sus organizaciones.

 

 

[1] https://probono.org.co/pdf/informe-de-gestion-provisional-2016.pdf
[2] http://www.centroarbitrajeconciliacion.com/Noticias/2017/Tertulia-Perspectivas-del-arbitraje-social-en-Colombia